Margarita Stolbizer: "No tenemos una ley porque hay algo que tapar"

Margarita Stolbizer sostiene que están dadas las condiciones tecnológicas para que exista mayor control ciudadano sobre los actos de gobierno. Pero entiende que no hay voluntad política para que esto suceda.

En el proyecto de ley de acceso a la información pública que presentó en el Congreso, lo describió como un "elemento igualador", y en diversos foros en los que disertó sobre el tema comparó a ese derecho con la educación. ¿Por qué?

-Porque se trata de un derecho que abre la posibilidad del ejercicio de otros derechos. El acceso a la información y el acceso al conocimiento es lo que iguala a las personas, porque hace que todas tengan la posibilidad de ser instruidas y, sobre todo, abre la posibilidad de mejorar sus oportunidades de inclusión. Muchas veces doy el ejemplo de esas personas que por falta de información no tienen posibilidad de cuidar su salud. Fundamentalmente esto afecta a las mujeres, como lo pude comprobar al contactarme con mujeres que realizan tareas sociales en Formosa o Chaco. Lugares en los que la gente ni siquiera tiene la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos para exigir una prestación sanitaria y tal vez terminan padeciendo enfermedades incurables porque no conocen cómo hacer para utilizar los recursos que el Estado ofrece. Por eso digo que el acceso a la información pública es un derecho que facilita y que abre la posibilidad de ejercer otros, y que permite la posibilidad de elegir y optar, porque nadie es suficientemente libre si no puede elegir. Y uno puede elegir sobre la base de estar informado sobre aquello que puede elegir. Esto no sólo tiene que ver con los derechos electorales, sino con derechos que se plantean al ciudadano todos los días en su vida cotidiana: la posibilidad de elegir una carrera universitaria, el lugar en donde se va a radicar o poner una industria. Todas estas cosas tienen una posibilidad distinta en la medida en que haya acceso a la información pública Eso planteado desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, en cuanto a derechos personales, pero también creo que abre otras posibilidades porque le permite al ciudadano participar de manera activa en el control de la cosa pública. Y siento que esto hace más transparente la administración pública, y los mecanismos de participación popular hacen que se puedan reconstituir la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
-Con eso quiere decir que no se trata de un derecho que beneficia a periodistas, abogados o a las organizaciones de la sociedad civil, como creen algunos...
-Exactamente, porque creo que es necesario abrir este tema a más miradas. Siento que el Estado debería funcionar como una cajita de cristal, a través de la cual todos los que están afuera pudieran mirar lo que sucede adentro. Y mirar lo que pasa adentro es saber cuántos empleados trabajan en las reparticiones públicas, cuánto ganan, qué méritos tuvieron para trabajar en ese lugar, qué funciones o tareas desempeñan. Y sobre todo cómo se licita, cómo se compra, quiénes son las empresas que forman parte de los registros de proveedores...
-... si han recibido sanciones...
-¡Claro, si han sido controladas! Todo este tipo de cuestiones es elemental. Y una forma de que el Estado funcione como esa cajita de cristal es que haya mucha gente que pueda acceder a conocer qué es lo que pasa dentro de ella.
-Y si se trata de un derecho que está consagrado por la Constitución, ¿por qué no se reglamenta? ¿Unicamente porque hay trabas en el Congreso?
-Más allá de la demora que hay en la reglamentación, tuvimos un avance que considero importante, aunque fue dificultoso. Y me estoy refiriendo al debate que se produjo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde finalmente llegamos a una media sanción que terminó siendo destrozada en el Senado por aquellos que no quieren que rija este mecanismo del acceso a la información pública. Evidentemente porque hay algo que silenciar, que ocultar, que tapar. Esto hay que leerlo en el marco de un contexto en el cual se sigue gobernando a través de los decretos de necesidad y urgencia. No se crea la comisión que debiera hacer el seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia, y así vamos viendo cómo la administración del Estado es cada vez menos transparente. En momentos en que el avance tecnológico nos permitiría conocer rápidamente lo que se hace a través de la administración pública desde los portales de Internet, sin embargo no se los utiliza para eso. Apretando una tecla cualquier persona podría acceder a la información de la que hablábamos anteriormente. Evidentemente están todas las herramientas para poder hacerlo pero no hay voluntad política.
-¿Sólo falta voluntad política por parte de aquellos que detentan el poder o hay personas o factores de poder interesados en que esta reglamentación no se concrete?
-Creo que también hay algo de eso. No nos olvidemos que cuando decimos que debiera existir acceso a la información respecto de la manera en que se contrata, quiénes ganan o cómo se prestan determinados servicios, las empresas proveedoras y que no cumplen son las más interesadas en que todo esto no se difunda. Claramente uno va viendo de qué manera el poder económico concentrado, que siempre ha manejado sobre todo las contrataciones del Estado en los últimos años aparece con un grado de influencia muy grande porque en realidad son los primeros interesados en que esto no se controle. Si la ciudadanía tuviera más acceso a la información pública tendría un mayor nivel de exigencia para que cada uno cumpla con lo que tiene que cumplir.
-Esa influencia a la que hace referencia, ¿quedó demostrada en el proyecto que finalmente aprobó el Senado y que modificó el que venía desde la Cámara de Diputados?
-Es posible, sin duda. Ahí nosotros adjudicamos una gran responsabilidad a la senadora (Cristina Fernández de) Kirchner, aunque no desconozco la influencia que deben haber tenido estos sectores. De otro modo resulta muy inexplicable que esto no haya salido.
-¿Y cómo se entiende que el Gobierno, a través del presidente Néstor Kirchner, promueva un decreto reglamentando el acceso a la información pública, y por el otro lado su esposa, desde el Senado, impulse restricciones en el acceso a la información pública con diversas exigencias para la ciudadanía?
-Ese decreto (por el 1.172/03) lo contextualizo dentro de los gestos positivos del presidente Kirchner, en el inicio de su gestión, cuando todavía tenía un bajo caudal electoral propio. Ahí reglamentó el mecanismo para resolver la designación de los jueces de la Corte, el decreto de autolimitación de facultades para los miembros de la Corte, y en medio de ese contexto también incluyó este decreto. Un decreto que no sólo reglamentó el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, sino que reglamentó los lobbys, la difusión de la agenda de los funcionarios y otras cosas. Y la verdad, nada de esto se cumple. En ese mismo decreto está establecido que deben hacerse públicas las agendas de todos los funcionarios, y tal vez hasta sería un escándalo si tomaran estado público todas las reuniones que mantienen los funcionarios. Eso hay que ponerlo en cuestión y me parece que no hay voluntad política, ya que el presidente hizo gestos importantes en momentos en los que necesitaba, a través de actitudes que califico como demagógicas, obtener el respaldo político personal, apoyando esos gestos que eran buenos y terminar como estamos hoy: con un presidente que utiliza todo ese apoyo popular para desconocer todo el camino que había abierto.
-¿Entonces descarta que se pueda sancionar un proyecto de este tipo en el futuro inmediato?
-Las actitudes del gobierno no nos marcan que estemos por el buen camino. Por eso distingo lo que fue la primera etapa del presidente Kirchner y la segunda. Después de la última elección (octubre de 2005) se da la paradoja de un presidente que tiene más poder pero una democracia más débil por el abuso que tienen las mayorías parlamentarias en el Congreso y que terminan sancionado leyes que son claramente inconstitucionales, como la de la reforma del Consejo de la Magistratura o la que autorizó los cargos específicos para el aumento de tarifas de gas y luz. Hubo una depreciación de la calidad institucional, porque cuanto más poder tuvo el presidente, más disminuyó la calidad institucional. Hoy es un presidente que refuerza su autoridad política con una demostración muy fuerte de este poder y abusando de él. No es el mismo presidente que dictó el decreto 1.172.
-Y las prácticas burocráticas que todavía persisten en el Estado, ¿en qué medida contribuyen a que se mantenga esta cultura del secreto?
-Mucho, por supuesto. En primer lugar, me parece muy buena esa definición, porque la Argentina tiene una cultura del secreto. Mientras fui legisladora trabajé mucho tiempo con la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras cosas, porque ese organismo pedía información a otras estructuras del gobierno sobre lo que se llaman "operaciones sospechosas", y que resulta indispensable para abrir investigaciones sobre presuntas maniobras de lavado de dinero, y se encontraba con una reticencia increíble de organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central, los bancos, y hay una cultura del secreto. Por eso intentamos levantar el secreto fiscal, el secreto bancario, pero hay una cultura del secreto. Y a eso se agrega la incidencia de las trabas burocráticas, porque eso desalienta a la ciudadanía: ir a una oficina para pedir información y descubrir que hay que dar vueltas en numerosos lugares y en ocasiones pagando tasas para acceder a algo o efectuar presentaciones, eso desalienta. Además, la maraña burocrática termina ocultando en gran parte las prácticas corruptas que hay dentro de la estructura administrativa del Estado.
-También hubo una denuncia penal por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra dos funcionarios del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCIV) que le negaron información a un ciudadano. Eso puede ser un indicio que tal vez haga pensar que haya funcionarios con algún temor en seguir incurriendo en esta cultura del secreto...
-Lo que pasa es que no tenemos una legislación penal que facilite a los funcionarios públicos a denunciar las prácticas de este tipo. Yo presenté un proyecto para disminuir la presión de una sanción penal sobre aquellos funcionarios que denuncian los episodios de corrupción. La incorporación de la figura del arrepentido en los episodios de corrupción, pero la idea de una sanción penal al funcionario que no lo denuncia, está en el Código Penal. Pero no nos olvidemos que hay una falta de utilización de la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la cual caerían todos los funcionarios que hoy no están cumpliendo con esto. La violación de los deberes de funcionario público, la malversación de caudales públicos, son figuras no utilizadas prácticamente en la sede penal, prácticamente que no se consideran como delitos. Creo que debería existir una mejor redacción de los delitos penales, para así poder decir con corrección qué significa el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si tuviéramos una ley de acceso a la información pública, sería incumplimiento de los deberes de funcionario público no facilitar la información que está obligado a brindar.

Por Oscar Londero

(Entrevista realizada en Paraná, el 24 de mayo de 2006).

Fuente: http://www.accesolibre.org