PANEL DE DEBATE ORGANIZADO POR EL GRUPO PAMPA SUR
Mar del Plata, 27 de Enero de 2007
El Campo y la Provincia de Buenos Aires
Aprecio la construcción de un espacio de debate o diálogo democrático para abordar los problemas, las soluciones; en fin, las propuestas de políticas públicas de los sectores convergentes. Esto contribuye al fortalecimiento de las instituciones y a hacer más previsible el funcionamiento del sistema político. Es necesario compartir diagnósticos, deliberar, debatir; y también aprender a escuchar. Pero no debe confundirse esta iniciativa con la posibilidad de conformar coaliciones electorales entre los participantes, con lo que no tengo acuerdo.
También estimo necesario superar la queja retórica para pasar al plano de la acción, de las propuestas de cambio, para lo cual hace falta plantear la disputa por el poder. Solo desde el poder pueden producirse los cambios que propugnamos. Y esa búsqueda legitima la lucha política, para construir un poder alternativo. Es necesario discutir el poder no como un fin en si mismo, sino como instrumento indispensable para la transformación. Y también el poder en términos de “posibilidad”, vinculado con el acceso a los recursos necesarios.
El poder hegemónico no es un mal en sí mismo. El conflicto de esta manifestación es la tentación al ejercicio abusivo del poder y de la posición dominante, lo que caracteriza el modelo de gestión populista: no es republicano, no respeta el sistema de representación y se apropia de los recursos públicos administrados como si fueran privados y para la consolidación del liderazgo. De ahí la importancia que tiene la discusión sobre los recursos públicos, cómo se recaudan, cómo se conforma la masa o el tesoro y cómo se distribuyen.
Hoy, la gestión de recursos del estado nacional es injusta, inequitativa, discrecional, arbitraria y poco transparente. Nunca un gobierno democrático tuvo tanto poder concentrado y tantos recursos de libre disposición por fuera de la masa coparticipable y por fuera de los controles institucionales.
En este contexto es que hay que discutir el rol del campo, de la producción agropecuaria. No hay duda que el papel más trascendente del sector está vinculado con la cadena alimentaria, por el potencial demostrado para la producción de alimentos en cantidad y en calidad. Y por la capacidad generadora y multiplicadora de riqueza, de empleo, tanto como por su capacidad redistributiva. En desmedro de ese trascendente papel, existe una visión utilitarista desde lo fiscal. No hay una planificación oficial que considere dicha capacidad productiva como parte fundamental del desarrollo nacional. No hay para el campo una política agropecuaria de apoyo e impulso, sino que solo existe a su respecto una política fiscal.
Antes de abordar el tema específico del campo y de la Provincia de Buenos Aires, quiero plantear algunas cuestiones generales vinculadas con la baja calidad institucional, que no es neutra en las posibilidades de desarrollo y aprovechamiento de las capacidades mencionadas. Aquí es donde enmarco la severa crisis del Federalismo hoy en la Argentina.
El Federalismo está vinculado con el Desarrollo Humano, que es la capacidad de alcanzar un nivel digno de calidad de vida.
La Constitución Nacional establece un sabio equilibrio de poderes. Lo hace en el establecimiento de un sistema republicano, con la división de los tres poderes del estado, a los que consagra como independientes pero con capacidad de control entre ellos haciéndolos parte de una fórmula de equilibrio. Y también el sistema federal constitucional es un mecanismo de equilibrio y limitación del poder, propio del sistema democrático como la contracara de los poderes ilimitados de los monarcas.
El sistema federal, a su vez, reconoce dos formas de manifestación de ese equilibrio: a) la distribución entre las competencias territoriales, a partir de la organización de los tres ámbitos de funcionamiento del Estado (nacional, provincial y municipal); b) la distribución de los recursos fiscales, que deben asegurar el funcionamiento de dichos ámbitos.
Los recursos públicos están siempre destinados al cumplimiento de las metas fijadas por el Preámbulo de la Constitución: satisfacer necesidades sociales, propender al progreso de la Nación. El sistema federal está al servicio de esos fines.
Las provincias delegan en la Nación la recaudación de los recursos que les pertenecen, pero mantienen el derecho a recibir la cuotaparte de esos recursos de conformidad con las reglas que se deben establecer en una ley especial. Si bien el Federalismo garantiza el funcionamiento autónomo de las jurisdicciones provinciales, hace a la unidad política de la Nación, respecto de la cual existe sentido de pertenencia e identidad. La autonomía de las provincias les asegura su aptitud para organizarse, darse normas y autoridades, y la Constitución las ha dotado de suficiente autonomía financiera en cuanto a la facultad de percibir impuestos y a coparticipar del reparto de los que recauda la Nación. Esa autonomía financiera resulta esencial para las provincias. Sin autonomía financiera no hay autonomía política, y ello implica la ruptura del sistema federal y democrático.
¿Qué es lo que pone en juego al federalismo? Qué es lo que rompe el esquema de equilibrio? Qué es lo que pone en crisis el sistema federal constitucional? La respuesta es: la concentración, del poder y del manejo de los recursos. Existe concentración de poder por afuera del orden legal constitucional con la delegación de facultades extraordinarias, o por el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Respecto del manejo de los recursos, la inequitativa distribución de la coparticipación primaria que reserva para la Nación casi el 80% de esos recursos ( y pese a no prestar servicios ni de educación, ni de salud, ni de seguridad) y sólo distribuye algo más del 20% entre la totalidad de las provincias. También pone en juego el sistema, la distribución dispar de los demás recursos (obras públicas, planes sociales, ATN, etc.), profundizando aun más las inequidades regionales de la Argentina; como así también el abuso de los Fondos Fiduciarios que sustraen recursos de la coparticipación y de los controles, distorsionando el sistema de distribución.
El Estado Federal, está, además, obligado por la Garantía Federal, que es la seguridad que se otorga a las provincias de que su integridad física, territorial, su autonomía y capacidad serán respetadas y defendidas.
La Constitución también impone criterios objetivos de reparto y mecanismos transparentes. El principal criterio es el de la solidaridad: que los que más tienen ayuden al resto. El otro principio es el de la subsidiariedad a favor de los menores niveles de responsabilidad.
Algunos datos para tener en cuenta:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE LA NACION A LAS PROVINCIAS. LO QUE ELLAS RECIBEN PER CÁPITA:
Tierra del Fuego: $ 13.484.-
Capital Federal: $ 12.426.-
Santa Cruz: $ 9.618.-
Buenos Aires: $ 2.341.-
TRANSFERENCIAS PER CAPITAL EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA:
Santa Cruz: $ 2.066.-
Capital Federal: $ 1.401.-
Buenos Aires: $ 120.-
A esto debe adicionarse la discrecionalidad en la distribución de los ATN y la libre disposición de recursos por la subestimación presupuestaria, lo que se puede anticipar, significará en este año 2007, aproximadamente 15.000 millones de pesos para manejar sin control en un año electoral.
Ahora, el primer punto de confluencia entre el contexto descripto y el tema de nuestra convocatoria, es cómo se conforma la masa de recursos tributarios federales. De este aspecto hemos concluído y expresado reiteradamente, la necesidad de discutir una profunda reforma tributaria que termine con las imposiciones distorsivas. La primera distorsión del sistema impositivo actual es que el impuesto que más recursos aporta es el IVA, que pagan por igual los sectores más pobres que aquellos de alto poder adquisitivo. Luego, están el impuesto a las ganancias, los aportes al sistema de seguridad social. Los impuestos provenientes del comercio exterior no se reparten, y solo se hace parcialmente con el impuesto a las transferencias bancarias.
El total acumulado a diciembre del 2006 en concepto de estos dos impuestos es de $ 8.899,30 millones; que, reitero, NO SE COPARTICIPA A LAS PROVINCIAS.
La Provincia de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de la población total del país y adonde también se registran los indicadores sociales más altos de pobreza, indigencia, desocupación, subocupación, trabajo en negro, déficit de vivienda y servicios de infraetructura básica (cloacas y agua potable), aporta un 40% de esa suma. Tomemos un ejemplo para graficar el desequilibrio entre lo que transfiere nuestra provincia y lo que recibe:
DISTRITO TRES ARROYOS:
Aporta en concepto de retenciones (solo de granos) $ 160.000.000.-
Presupuesto anual municipal $ 40.000.000.-
O sea, aportan sus productores el equivalente a 4 presupuestos municipales
Recibe, en concepto de coparticipación: menos del 10% de lo aportado
Esto es lo que legitima el reclamo del productor agropecuario que, además de considerar injusto su gravamen, se queja porque su dinero va a parar a una caja que no sabe quién, ni cómo, ni para qué la maneja; aunque todo hace suponer que ese dinero no se ha destinado a paliar la pobreza de Formosa, sino más bien a disciplinar y cooptar voluntades para el sostenimiento político del liderazgo presidencial.
Es fácil, claro, ser generoso con lo ajeno.
Otro dato a tener en cuenta:
La Ley de Coparticipación Federal (N° 23.548) en su art.7, establece una garantía mínima a favor de los gobiernos provinciales que tienen asegurado un piso de transferencia: “El monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación total de los tributos nacionales, incluso los que no tienen carácter distribuíble.”
Recaudación total acumulada al 31/12/06……… $ 150.008 millones
El 34% ……………………………………….................…. $ 51.002 millones
Se distribuyeron ……………………...........…………… $ 34.717 millones
Faltan/se adeudan (por garantía art.7) ………….. $ 16.285 millones
La Prov.de Buenos Aires recibe aprox.21,50%..... $ 3.501 millones
Esa cifra, adeudada a la provincia (como el proporcional a las demás provincias, sin que, sin embargo, ninguna de ellas haya reclamado) bien podría servir para impedir el déficit que hoy afecta las cuentas, en lugar de tener que tomar bonos o nuevo endeudamiento. Y sin duda, también podría asegurar prestaciones de salud en los hospitales públicos o asegurar el inicio de las clases, abonando sueldos dignos a los docentes de la provincia.
La importancia, entonces, del sector agropecuario debe ser revalorada no solo como un sujeto imponible. Pero también hay que poder visualizar la situación actual y los cambios producidos.
También es necesario analizar lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente a partir de la implementación de las políticas neoliberales de la década del 90 y las consecuencias por su falta de desmantelamiento. Se advierte el cambio del modelo económico agroalimentario. La principal razón se ubica en la apertura de la economía, como así también la política de privatizaciones. Ello ha producido la expulsión de 230.000 productores y trabajadores del sector, mayoritariamente de la Provincia de Buenos Aires, éxodo de familias enteras que del campo pasaron a buscar mejores destinos en las regiones urbanas. Además de la extranjerización en la propiedad de las tierras y la explotación de las mismas, el resultado más evidente ha sido la concentración en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto a los adjudicatarios de la Cuota Milton, a la oferta de semillas transgénicas, exportación de granos y también en cuanto a la comercialización alimentaria con la irrupción de los hipermercados (el fenómeno del hipermercadismo). De 300.000 productores, 4.000 tienen el 50% de la producción total. En el sector lácteo, 7 empresas tienen el 80% de la producción; 90% en la producción de aceite y el 92% de la producción de harina de soja está en manos de solo entre 5 y 8 empresas.
Es claro que el campo se ha convertido en un extraordinario generador de divisas. Pero al Gobierno no parece interesar quién produce, sino cuánto rinde. Si es uno solo, da igual. Parece olvidar que atrás del sector productivo rural hay una estructura social.
Producimos 70 millones de toneladas de cereales por año, pero la mitad corresponde a la soja para exportación. Y un pequeño grupo de grandes empresas capitaliza la mayor parte. El otro gran impacto del cambio del modelo económico agroalimentario es que el avance de la soja se produjo sobre otros cultivos, como el arroz, tan apto para el consumo, o la leche, entre otros. O sea, la exportación de soja, en manos de fuertes grupos económicos, se produce sobre las economías de pequeños y medianos productores, sobre otros alimentos para consumo masivo, y también afecta otras producciones regionales propias de las economías locales. Otra conclusión es la degradación del suelo por monocultivo, lo que afecta la sustentabilidad del sistema productivo.
La manifestación de este proceso de cambio es la deserción de los campesinos de su espacio, disminución de habitantes de las zonas rurales, agricultura sin agricultores, riesgo para las pequeñas y medianas unidades de producción. La transformación del modelo agroalimentario también ha impactado sobre los precios, la calidad y la cadena alimentaria.
El derecho alimentario es un derecho humano básico. La falta de acceso crea además una restricción vital a la persona y la limitación de su libertad individual.
Argentina tiene capacidad para producir 5kg de alimentos por día y por habitante, tiene cosechas record, pero sin embargo muestra un severo deterioro social por desnutrición, lo que caracteriza a la pobreza, la indigencia y la marginalidad.
Con respecto al rol del sector agropecuario, lo primero que debo reconocer es el enorme prejuicio y la subestimación de la población urbana, como si en el campo se tiraran semillas y creciera sin necesidad de todo un proceso de trabajo, con dedicación de esfuerzos e inversiones. No se obtienen 70 millones de toneladas con voluntarismo y sin innovación. Hay esfuerzos individuales y colectivos del sector, porque Argentina además de tener buena tierra, también tiene buena gente. Por eso, es que tenemos una visión optimista sobre las perspectivas de la Argentina por el enorme potencial que tiene la riqueza territorial, sus habitantes y organizaciones. Pero lo cierto, es que falta una política que acompañe esa capacidad propia del sector, un gobierno que apoye y reconozca y dé tratamiento al campo como un verdadero motor del desarrollo nacional.
Cualquier modelo de desarrollo productivo, económico, social, cultural, equitativo, requiere de la articulación a la manera de una mesa con cuatro patas bien plantada, que sean: 1. el Estado, preocupado y ocupado por atender estos objetivos, con políticas orientadas y de apoyo. 2. el sector privado, procurando no solo su propia rentabilidad sino cumplir también con las responsabilidades sociales necesarias. 3. las organizaciones sociales, a través de un esquema de representación y proyectos de acción colectiva y solidaria. 4. el área de la educación, el conocimiento, las universidades, la ciencia y la técnica.
Para poder avanzar en un proceso de desarrollo social integral, también el sector agropecuario debe estar acompañado de un proyecto industrial compatible. Es indispensable planificar, aprovechando ventajas comparativas para que se conviertan en ventajas competitivas, la generación de empleos, la mejora de los ingresos, la capacidad e inversión tecnológica, y también planes de arraigo para que el campo pueda retener a sus productores y trabajadores.
Pero el tema no puede abordarse aisladamente con relación a otros aspectos esenciales de un modelo de desarrollo productivo. Y por eso es tan central articular las acciones con el ámbito educativo por ejemplo. Y también con relación a los servicios de infraestructura, la construcción de caminos o los medios de transporte. Aquí es necesario destacar el enorme valor que el Ferrocarril ha tenido para facilitar el crecimiento y desarrollo de los pueblos del interior, permitiendo el acceso de sus pobladores y el transporte de los productos. Y del mismo modo, reconocer cuánto ha impactado la pérdida del ferrocarril, aislando poblaciones, haciendo hasta desaparecer otras, con pérdidas económicas y sociales y culturales enormes e irrecuperables. Ello sumado a los riesgos de todo tipo que implica el transporte de mercaderías por otros medios. Por eso, es tan importante incorporar una política de infraestructura para el apoyo al sector y para poder delinear una visión y un pensamiento estratégico.
Las retenciones a los productos exportables del campo han contenido hasta el momento los precios de los productos de la canasta alimentaria. Pero es claro que el abuso en la presión impositiva sobre el sector puede acarrear efectos negativos. Hay que volver a pensar en la transitoriedad y en el cambio gradual, siempre bajo el debate (pendiente) de una reforma tributaria integral. Hay que asegurar competitividad, rentabilidad y sustentabilidad al sector para poder ubicarlo en su rol alimentario, generador de empleo y redistribuidor de riqueza. Para ello hay que brindar mayores certezas y diseñar políticas de apoyo y estímulo. Hoy, de cada 5 camiones que salen del campo, uno va a parar al Tesoro, a esa caja del Estado sobre la que no existe control de cómo se gasta. Dentro de las garantías de sustentabilidad del modelo, es necesario incluir las ventajas a los grupos familiares de productores, encontrar un equilibrio entre los costos de producción, ambientales y sociales, preservar el recurso suelo mediante la diversificación y el uso racional con la rotación del cultivo.
En la Provincia de Buenos Aires hay 8.500.000 hectáreas sembradas. El 45% es producción de soja, que ha crecido el 8% en el último año, mientras que el trigo bajó 7%. Por todo eso, es trascendente cómo se posiciona nuestra Provincia frente al saqueo de la Nación, para que el Gobernador no pretenda encubrir bajo el aumento de impuestos su sumisión con la política centralista del gobierno nacional.
Es imprescindible atender los problemas del presente sin afectar el futuro, sino al contrario: incorporando la visión del país que queremos alcanzar para las generaciones por venir. Para eso, hay que involucrarse, hay que disputar poder para transformar, hay que jugarse en la defensa de nuestros intereses provinciales y la construcción de las bases para un país más justo. Dice Dante Alighieri: “Los lugares más profundos del infierno están reservados, en tiempos de crisis, a quienes neutrales permanecen”.
